La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba rechazó este martes el incremento salarial del 5,85 por ciento al Salario Mínimo Nacional y el 3 por ciento al Haber Básico anunciado por el presidente Luis Arce Catacora junto a dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COP). Así mismo, la FEPC responsabilizó al Gobierno y a la COB de las consecuencias que provocará el incremento salarial como el aumento de la inflación en un 1 por ciento por cada punto porcentual de incremento salarial.
Al respecto, el presidente de las FEPC, Luis Laredo, sostuvo que la iniciativa privada, durante los 16 años que estuvo al mando el partido político del gobierno actual, mantuvo la intención de establecer un diálogo tripartitito, sin embargo, solo obtuvieron exclusiones en varias ocasiones.
“Hemos encontrado un trato discriminatorio en reiteradas ocasiones en las que no fuimos incluidos de las negociaciones por el incremento salarial. Vemos en esta actitud un irrespeto por la institucionalidad que estable la Constitución Política del Estado, los acuerdos internacionales suscritos por el estado boliviano y normativa vigente complementaria”, afirmó Laredo.
Advirtió que el incremento salarial 2024 tendrá como consecuencias:
- El Estancamiento del empleo formal existente.
- La caída de la productividad y competitividad nacional frente a nuestros países vecinos y los mercados internacionales. De este modo la capacidad productiva actual caerá de 63 % al 58 %.
- El coeficiente de industrialización a nivel nacional pasará del 16,27% a un 13,75%, que afectará la producción de alimentos, bebidas y otras industrias.
- Incremento de la inflación en un 1 por ciento por cada punto porcentual de incremento salarial.
- Estancamiento del emprendimiento empresarial.
- Pérdida de 1% de aporte al PIB, por cada unidad de porcentaje de incremento superior, a media entre la inflación y crecimiento económico del año anterior.
- Pérdida de competitividad.
- Caída de la inversión privada en torno a 1.000 millones por cada 5% de incremento al SMN por ciento.
- Riesgo de cierre de empresas y migración a la economía sumergida.
- Freno a nuevas contrataciones e incremento de empleo informal.
- Profundización de la caída de la productividad laboral que actualmente nos ubica en el último lugar de América Latina, cinco veces menor de la media ideal.
- Pérdida del 10 por ciento del poder adquisitivo.
- Riesgo 2 millones de los 6 millones de empleos que genera la iniciativa privada a nivel nacional.
- Riesgo de pérdida de 750 mil fuentes de empleo digno en Cochabamba.
- Un incremento del 5,85 por ciento al salario mínimo nacional y 3 por ciento al haber básico demandará un aporte de 658 millones de bolivianos que el sector privado formalmente establecido debería destinar, sin contar el 34 por ciento de carga social.
- A nivel del departamento de Cochabamba el sector privado formalmente establecido deberá destinar 197 millones de bolivianos para cubrir el incremento.
Además, Laredo desafió al Gobierno a implementar el incremento salarial a sus funcionarios públicos en los términos que imponen al empresariado privado.
“La iniciativa privada en Bolivia genera 6 millones de empleos, no debemos coparticipar las ganancias, porque no somos cooperativas ni empresas estatales. Las ganancias son reinvertidas, si es que hubiesen”, destacó.
