EMPRESARIOS PIDEN SUSPENDER POR 180 DÍAS EL INCREMENTO DEL GAS NATURAL QUE ELEVARÍA HASTA 17,41% LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
El sector empresarial e industrial advierte que la aplicación del tipo de cambio de Bs 11 en la facturación del gas natural representa un incremento de 58,05% en el costo del energético expresado en moneda nacional, con efectos sobre la producción, el empleo formal, el abastecimiento y los precios.
Representantes empresariales, industriales e institucionales plantearon la suspensión transitoria, durante 180 días, del incremento reflejado en la facturación del gas natural para las categorías industrial, comercial y productiva, mientras las autoridades desarrollan una evaluación técnica, económica, regulatoria e inflacionaria de la medida.
El pronunciamiento contó con la participación de Juan Pablo Demeure, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC); Israel Mérida, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba; Carlos Quintela, presidente del Comité Cívico de Cochabamba; Ramiro García, primer vicepresidente del la Cámara De Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM); y Rafael Delgadillo, presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales de Santivañez (AEIS).
Asimismo, estuvieron presentes representantes de COBOCE Cerámica, COBOCE Cemento, FABOCE, Papelera Vinto, INCERPAZ e Importadora Campero, empresas vinculadas a actividades productivas que utilizan gas natural dentro de sus procesos industriales y operativos.
El sector explicó que las tarifas aplicadas a las categorías industrial y comercial se encuentran expresadas en dólares. La utilización de un tipo de cambio de Bs 11, en reemplazo de la equivalencia anterior de Bs 6,96, genera una variación de 58,05% en el monto facturado en bolivianos, aun cuando la tarifa nominal expresada en dólares conserve su valor.
En la categoría comercial, la tarifa de USD 5,170 por millar de pies cúbicos pasa de Bs 35,98 a aproximadamente Bs 56,87 por MPC. Para el sector industrial, de acuerdo con el segmento de consumo, las tarifas evolucionan desde un rango de Bs 12,99–17,51 por MPC hasta valores comprendidos entre Bs 20,53 y Bs 27,68 por MPC.
El análisis empresarial establece que, cuando el gas natural representa el 10% de la estructura de costos de una empresa, la modificación tarifaria genera un aumento directo aproximado de 5,81% en el costo total de producción. Cuando la participación del energético alcanza el 30%, el efecto directo asciende a 17,41%.
A este impacto se incorporan los efectos acumulativos sobre transporte, insumos, mantenimiento, logística y servicios relacionados, debido a la presencia transversal del gas natural dentro de las cadenas de producción y comercialización.
El energético constituye un insumo estratégico para las industrias de alimentos y bebidas, cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, metalurgia, papelería, textiles, minerales no metálicos, gastronomía y otras actividades que transforman materias primas, abastecen al mercado nacional y sostienen fuentes de empleo formal.
El pronunciamiento señala que la extensión del incremento a las categorías comercial e industrial convertiría el ajuste cambiario en una presión general sobre el aparato productivo, con una transferencia progresiva hacia los precios de bienes y servicios.
Incremento del gas natural ampliaría las presiones inflacionarias
La posición empresarial incorpora como referencia el comportamiento reciente de los principales indicadores de precios. En junio de 2026, la inflación mensual nacional alcanzó 2,15%; la inflación acumulada llegó a 4,82% y la variación interanual se situó en 9,23%.
En la Región Metropolitana Kanata, la inflación mensual registró 3,65%. Asimismo, el Índice de Precios al por Mayor presentó una variación mensual de 5,74% y un incremento interanual de 9,19%.
En este escenario, una modificación del precio de un energético utilizado de manera transversal incrementaría las presiones sobre los costos empresariales y ampliaría el riesgo de traslado hacia los precios pagados por consumidores y familias.
El sector también solicita que la Agencia Nacional de Hidrocarburos presente información pública que detalle la base legal de la modificación, la metodología de cálculo, el tipo de cambio utilizado, las categorías comprendidas, los componentes de la tarifa y la fecha efectiva de implementación.
La dimensión económica del ajuste requiere previsibilidad regulatoria, información técnica accesible y coordinación institucional con las organizaciones empresariales e industriales involucradas.
Seis propuestas para proteger la producción y el empleo
El Pronunciamiento Empresarial plantea seis medidas:
- Suspender transitoriamente durante 180 días la aplicación del incremento en las categorías industrial, comercial y productiva, mientras se desarrolla una evaluación técnica, económica, regulatoria e inflacionaria.
- Publicar un informe técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que detalle las tarifas anterior y vigente, el porcentaje de variación, el tipo de cambio aplicado, la metodología de conversión, los componentes del precio, las categorías alcanzadas y la fecha efectiva de aplicación.
- Mantener temporalmente un mecanismo de facturación en bolivianos para las actividades que producen y comercializan bienes y servicios dentro del mercado interno, permitiendo una administración gradual del efecto cambiario sobre los costos energéticos.
- Convocar en un plazo máximo de diez días hábiles a una mesa técnica nacional, integrada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, YPFB, los ministerios relacionados con la política económica y productiva, y las organizaciones empresariales e industriales.
- Diseñar un esquema gradual y diferenciado, considerando la intensidad energética, el tamaño empresarial, la generación de empleo, el valor agregado, la vocación exportadora y la participación del gas dentro de la estructura de costos.
- Establecer mecanismos de comunicación previa, con un plazo mínimo de 30 días antes de cualquier modificación tarifaria, acompañados por información técnica y simulaciones de impacto para cada categoría de usuarios.
El sector empresarial e industrial remarcó que la sostenibilidad del sistema energético debe articularse con la continuidad operativa de las empresas, la protección del empleo formal, el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios.
Finalmente, solicitó al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a YPFB abrir un proceso institucional de análisis y coordinación antes de extender la medida a las categorías productivas, industriales y comerciales.
Bolivia requiere una política energética previsible, gradual y vinculada con la estructura de costos, la capacidad operativa y las condiciones actuales del aparato productivo nacional.
