FEPC Y CADEXCO PIDEN TRANSPARENCIA, INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y RESPETO AL DEBIDO PROCESO ANTE CASO DE MADERAS BOLIVIANAS EN PUERTOS CHILENOS

Cochabamba, 11 de junio de 2026 (FEPC–CADEXCO) La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) expresaron su preocupación institucional ante la información difundida públicamente sobre cargamentos de madera boliviana presuntamente contaminados con sustancias ilícitas en puertos chilenos, y solicitaron que el caso sea tratado con transparencia, legalidad, investigación técnica conjunta, evidencia verificable y respeto pleno al debido proceso.

Ambas instituciones respaldaron toda investigación destinada a esclarecer los hechos, identificar responsabilidades específicas y sancionar, conforme a ley, cualquier acción que vulnere la legalidad, la seguridad logística y la confianza del comercio internacional. Sin embargo, advirtieron que toda conclusión pública debe sustentarse en información oficial, peritajes finales, documentación formal y coordinación entre las autoridades competentes de Bolivia y Chile.

Desde CADEXCO se cuestionó la difusión de una lista supuestamente oficial de empresas que estarían vinculadas al caso, pese a que aún no existe un proceso conclusivo. La institución señaló que este tipo de información, difundida sin respaldo verificable, afecta la imagen de empresarios, trabajadores, familias y unidades productivas que desarrollan sus actividades dentro del marco normativo.

“Queremos ser claros y enfáticos: en ningún momento las empresas bolivianas han sido notificadas con procesos por la vía penal en Chile. Lo que existe es una investigación en curso, donde aún no hay implicados”, expresó Juan Carlos Ávila, Presidente de CADEXCO.

La FEPC y CADEXCO instaron a los medios de comunicación a manejar la información con responsabilidad, evitando tergiversaciones, listas extraoficiales, afirmaciones anticipadas o generalizaciones que puedan dañar injustamente la reputación del sector exportador boliviano. Remarcaron que detrás de cada empresa existen trabajadores, familias, proveedores, contratos, inversiones y cadenas productivas que pueden verse seriamente afectadas por una comunicación imprecisa.

Las instituciones empresariales enfatizaron que la reputación exportadora de Bolivia es un activo estratégico del país y advirtieron que una afectación generalizada puede traducirse en mayores controles, retrasos logísticos, incremento de costos, incertidumbre con clientes internacionales, pérdida de mercados, perjuicios contractuales y debilitamiento de la confianza en las exportaciones bolivianas. En ese sentido, señalaron que la difusión de información sin fundamento técnico, basada en suposiciones o listas extraoficiales, ya está generando perjuicios concretos para el comercio exterior nacional, entre ellos el rechazo de cargamento boliviano por parte de empresas navieras, situación que compromete operaciones legítimas, retrasa embarques, afecta contratos internacionales y profundiza la incertidumbre para exportadores que cumplen la normativa vigente. Esta situación evidencia que una comunicación irresponsable puede traducirse de inmediato en daño económico, operativo y reputacional para empresas formales y para la imagen exportadora del país.

Según los representantes empresariales, el sector forestal exportador genera más de 200.000 empleos en el país y mueve más de 700 millones de dólares al año, constituyéndose en una actividad relevante para la generación de divisas, producción, empleo y presencia boliviana en mercados internacionales. Por ello, señalaron que cualquier investigación debe conducir a responsabilidades individualizadas y evitar la estigmatización del conjunto del sector forestal y exportador.

Durante la conferencia de prensa también se presentaron observaciones técnicas sobre las cifras difundidas públicamente. Se explicó que un contenedor de madera transporta, en promedio, un máximo aproximado de 24 toneladas de carga, además del peso propio del contenedor, por lo que los datos divulgados deben ser analizados con criterios técnicos, logísticos y periciales antes de ser asumidos como conclusiones definitivas.

Asimismo, se expuso que algunos informes conocidos hasta el momento hacen referencia a “trazas” y a concentraciones inferiores al 5%, elementos que requieren una interpretación especializada y que no pueden ser convertidos automáticamente en afirmaciones concluyentes sobre volúmenes totales de sustancias ilícitas. También se planteó la necesidad de analizar posibles escenarios de contaminación cruzada, manipulación de muestras, protocolos de toma de evidencia, condiciones de almacenamiento y cadena de custodia en puerto.

CADEXCO informó que este tema viene siendo gestionado desde febrero de 2026, cuando se realizaron solicitudes formales ante distintas instancias debido a demoras en operaciones de exportación en el Puerto de Arica. Entre las acciones mencionadas se encuentran cartas, solicitudes de información, reuniones técnicas y gestiones ante Cancillería, autoridades portuarias, Aduana de Chile, Fiscalía de Arica, Cámara Forestal de Bolivia, CANEB, Brigada Parlamentaria de Cochabamba y autoridades nacionales vinculadas al comercio exterior.

Las instituciones destacaron que la falta de información oficial y oportuna genera incertidumbre operativa para exportadores, operadores logísticos y clientes internacionales. Algunas cargas permanecen observadas desde enero y febrero, generando demoras que afectan contratos, plazos de entrega, costos portuarios, programación logística y relaciones comerciales.
En ese marco, la FEPC y CADEXCO solicitaron al Gobierno nacional activar todos los mecanismos diplomáticos, técnicos, jurídicos y comerciales correspondientes para obtener información oficial de las autoridades chilenas, garantizar el derecho a la defensa, establecer canales fluidos de comunicación entre ambos países y evitar estigmatizaciones injustas hacia un sector estratégico para la economía boliviana.

Ambas instituciones remarcaron que son conscientes de la existencia de redes ilícitas que operan al margen de la ley, pero afirmaron que los exportadores formales de madera no pueden ser tratados como parte de esas estructuras sin evidencia, notificación formal ni proceso concluido. La lucha contra cualquier actividad ilícita debe avanzar con firmeza, pero también con transparencia, legalidad, responsabilidad institucional y respeto a los operadores que cumplen la normativa.

Juan Pablo Demeure, Presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba enfatizó que Bolivia atraviesa una coyuntura económica y logística compleja, marcada por bloqueos, interrupción de corredores estratégicos, aislamiento de rutas, presión sobre costos y dificultades para sostener operaciones de exportación. En ese contexto, cualquier daño reputacional adicional agrava la situación de empresas formales que ya enfrentan retrasos, mayores costos y dificultades para cumplir compromisos comerciales.

Finalmente, ambas instituciones reafirmaron su compromiso con la legalidad, la transparencia, la trazabilidad, la seguridad jurídica, la seguridad logística y la defensa del comercio exterior formal. Asimismo, ratificaron su disposición de colaborar con las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de control, coordinación institucional e intercambio de información que permitan esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y preservar la reputación de las exportaciones bolivianas.