COCHABAMBA CONFORMA OBSERVATORIO INTERINSTITUCIONAL PARA PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LA REGIÓN
En el marco de la Mesa de Diálogo con Sectores Vinculados a la Producción y Servicios, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Delegación Defensorial Departamental de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Cochabamba e instituciones relacionadas al aparato productivo y de servicios se creó del Observatorio Legal y Económico de Seguridad Institucional de Cochabamba, como una instancia técnica e interinstitucional destinada a monitorear riesgos institucionales, prevenir acciones que afecten la estabilidad del orden legal y económico, y coordinar respuestas ante situaciones que comprometan el funcionamiento regular del aparato público, el cumplimiento del orden normativo, la libre circulación, y el abastecimiento de bienes y servicios esenciales.
El Observatorio surge como una herramienta operativa ante el impacto acumulado de los bloqueos en Bolivia, que desde 2018 han generado pérdidas superiores a los 4.133 millones de dólares, de los cuales 230 millones corresponden al primer semestre de 2025 en Cochabamba, afectando directamente a más de 139 mil empleos formales y alterando el abastecimiento alimentario, el sistema de salud, el transporte y la cadena logística departamental.
Durante la reunión de constitución, representantes de la Defensoría del Pueblo, Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Brigada Parlamentaria de Cochabamba, gobiernos autónomos municipales del eje metropolitano, Comité Cívico de Cochabamba, sectores productivos y actores académicos abordaron la coyuntura actual y coincidieron en apoyar la creación y posterior operativización de esta instancia interinstitucional. El órgano tendrá como sede operativa la oficina defensorial de Cochabamba y funcionará con equipos técnicos delegados por cada entidad.
Al respecto, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, explicó que este esfuerzo conjunto responde a la necesidad de construir mecanismos de defensa institucional desde la sociedad civil organizada, con enfoque técnico y visión de largo plazo.
“El Observatorio Legal y Económico de Seguridad Institucional de Cochabamba permitirá generar respuestas concretas ante amenazas que paralizan la economía, comprometen empleos y deterioran las condiciones de vida en el departamento. No podemos naturalizar la disrupción permanente del orden legal y productivo”, sostuvo Demeure.
El Observatorio sesionará de forma ordinaria cada trimestre y de forma extraordinaria ante escenarios críticos como bloqueos prolongados o disrupciones al suministro de insumos.
Entre sus funciones destacan el monitoreo técnico de riesgos institucionales, la coordinación intersectorial para preservar la continuidad económica, y la generación de informes y diálogos con recomendaciones a autoridades competentes.
Entre sus primeros objetivos se incluye el desarrollo de campañas informativas sobre los efectos económicos y sociales de la desinstitucionalización, así como la articulación de mecanismos preventivos ante conflictos que puedan comprometer la libre circulación y el acceso a servicios esenciales.
La creación del Observatorio fue una de las medidas consensuadas por los sectores productivos en el pronunciamiento conjunto de la Mesa de Diálogo, que también propone una agenda de acción a corto, mediano y largo plazo.
Entre las propuestas figuran el respeto de los derechos fundamentales, entre los que están el del trabajo y libre circulación, pero además de anteponer los colectivos sobre los individuales el impulso normativo para regular el uso del bloqueo como medida de presión, el desarrollo de corredores logísticos alternativos y la consolidación de zonas industriales resilientes en el eje metropolitano.
