DECRETO SUPREMO Nº 5321 GARANTIZA CONTINUIDAD Y CALIDAD EN OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA
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Como resultado de las gestiones impulsadas por la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) y la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (CADECO), el Gobierno promulgó la mañana de este viernes el Decreto Supremo Nº 5321 que establece medidas para garantizar la continuidad y calidad de las obras de inversión pública en Bolivia.
La medida permite el ajuste de precios unitarios para materiales de construcción, maquinaria y equipos importados, además de autorizar anticipos adicionales en contratos de obra en ejecución, medidas que buscan garantizar la continuidad de proyectos clave en el sector de la construcción frente a los retos del entorno económico global.
Al respecto, el Presidente de CABOCO, Raúl Solares, explicó que el decreto refleja pedido del sector constructor y reconoce las duras condiciones y la realidad compleja que enfrentan las empresas de este rubro.
“Quiero desatacar esta medida de alta significación para nuestro sector y para el país, la decisión del Gobierno nacional que se concreta con el decreto que hoy se presenta, de reajustar los precios de los materiales de construcción en obras públicas, después de 17 años de haber aprobado el último decreto supremo que hace referencia a un reajuste de precios”, sostuvo Solares.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro precisó que el objeto del Decreto Supremo 5321 es velar por la continuidad y la calidad de los proyectos de inversión que está llevando el sector público en beneficio de la población.
El nuevo Decreto Supremo 5321 establece mecanismos operativos para ajustar los precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados, en los contratos de obra en ejecución firmados por entidades públicas.
“Este ajuste de precios se aplicará en los contratos de obras de ejecución que ya están en este momento en marcha, se operativizarán mediante contratos modificatorios que tengan siempre un sustento técnico, legal, financiero”, detalló Montenegro.
La normativa se aplicará a todos los contratos de obras en ejecución suscritos por las entidades públicas, en conformidad con el Decreto Supremo 0181 del 28 de junio de 2009, que establece las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Principales disposiciones del decreto
- Ajuste de precios unitarios:
Las entidades públicas podrán ajustar los precios unitarios de materiales y equipos importados, aplicando una fórmula establecida en el decreto. Este ajuste se realizará mediante contratos modificatorios que deben ser firmados antes del 30 de mayo de 2025. - Anticipos adicionales:
Se autoriza a las entidades públicas a otorgar anticipos adicionales para la adquisición de materiales, maquinaria y equipos. Estos anticipos, que no excederán el costo total de los insumos pendientes, serán restituidos proporcionalmente según el avance de las obras. - Flexibilidad en plazos y garantías:
El decreto permite renegociar los plazos contractuales y actualizar las garantías de cumplimiento de contrato en función de los ajustes aprobados.
Beneficios para el sector empresarial
Estas medidas son vistas como un apoyo directo al sector privado, particularmente a las empresas constructoras que enfrentan incrementos en los costos de insumos importados. Según la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), el decreto ayuda a evitar paralizaciones de obras y asegura la ejecución de proyectos críticos para el desarrollo económico del país.
«El ajuste de precios es una medida necesaria que protege tanto a las empresas como a los trabajadores del sector, asegurando la sostenibilidad de las operaciones», destacó el Presidente de CABOCO, Raúl Solares.
Perspectivas económicas
El sector de la construcción, que representa una porción significativa del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, se beneficia directamente de estas disposiciones. Las cámaras departamentales han subrayado que el respaldo normativo refuerza la estabilidad financiera de las empresas y fomenta la inversión tanto pública como privada.
Con una implementación efectiva, el Decreto Supremo Nº 5321 se proyecta como un instrumento clave para dinamizar la economía, preservar empleos y consolidar la colaboración entre los sectores público y privado.
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