NUEVO PRECIO DEL DIÉSEL TRASLADA EL COSTO FISCAL HACIA LAS EMPRESAS Y PRESIONA SU LIQUIDEZ
Cochabamba, 21 de septiembre de 2026 (FEPC) El nuevo precio del diésel, fijado en Bs 17,95 por litro, traslada una mayor proporción del costo del combustible desde el balance público hacia la economía privada y genera un ajuste inmediato sobre el capital de trabajo de las empresas. Para la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (UAE – FEPC), la transición requiere medidas fiscales, financieras y productivas que otorguen previsibilidad y permitan sostener producción, empleo y abastecimiento.
El Reporte de Coyuntura Económica “Diésel: del costo fiscal al costo productivo”, elaborado por la Unidad de Análisis Económico de la FEPC, establece que la subvención trasladaba una parte del costo económico del combustible hacia las cuentas públicas. El nuevo régimen modifica esa distribución, va al sector productivo, a las empresas y consumidores, quienes pasan a absorber de manera más directa un costo que ahora está vinculado al valor de importación, el tipo de cambio y los componentes logísticos del abastecimiento.
El Decreto Supremo N° 5716 fijó el precio regulado del diésel en Bs 17,95 por litro e incorporó una metodología de Precio de Paridad de Importación (PPI), vinculada al precio internacional, transporte, almacenaje, inspección, financiamiento y otros costos asociados. La norma también establece una banda de ajuste de ±5%.
El ajuste llega primero a las empresas
Para la UAE – FEPC, el principal efecto de corto plazo se concentra en la liquidez empresarial. El combustible se paga desde el primer día con un costo mayor, mientras numerosas empresas recuperan sus ventas a 30, 60 o 90 días. Esa diferencia amplía las necesidades de capital de trabajo y modifica la programación financiera de empresas de transporte, agroindustria, construcción, minería, industria, comercio y servicios.
El impacto adquiere una dimensión mayor entre las MiPyME, productores y unidades económicas con menor disponibilidad de recursos, menor capacidad de negociación con proveedores y acceso más restringido al financiamiento.
La UAE-FEPC plantea que este escenario convierte a la previsibilidad económica en un componente central de la transición. Las empresas requieren conocer sus costos, proyectar presupuestos, establecer precios, cumplir contratos, financiar inventarios y programar inversiones dentro de un entorno con reglas y variables económicas que permitan planificación.
El 83,2% del diésel representa un shock de costos, aunque su impacto será diferente en cada actividad
El incremento de 83,2% corresponde al precio de un insumo y su transmisión hacia los costos finales dependerá del peso que el combustible tenga dentro de cada sector.
Según el reporte, una actividad donde el diésel represente el 20% de su estructura de costos enfrentaría una incidencia directa aproximada de 16,6%; con una participación de 30%, el efecto alcanzaría aproximadamente 25%, manteniendo constantes las demás variables. Estos ejercicios expresan exposición económica y permiten dimensionar el tamaño del ajuste empresarial.
La transmisión alcanza de manera directa al transporte y la logística, maquinaria agrícola, cosecha, cadena de frío, construcción y minería. También llega a industria, comercio, gastronomía y servicios mediante fletes, proveedores, distribución e inventarios.
Estabilidad productiva será determinante para contener la transmisión hacia los precios
El ajuste ocurre en una economía que registró en agosto una inflación mensual de 1,10%, una inflación acumulada de 3,01% entre enero y agosto y una variación de 5,02% a doce meses. En la Región Metropolitana Kanata, el IPC mensual alcanzó 1,19%. Estas cifras corresponden al periodo previo al nuevo precio del diésel.
Los datos de septiembre permitirán observar la primera ronda de transmisión del nuevo costo hacia transporte, alimentos y bienes distribuidos. El comportamiento posterior dependerá de la evolución de tarifas, salarios, márgenes, expectativas, abastecimiento y actividad económica.
El documento plantea que la estabilidad requiere una respuesta económica integral, como es la disciplina fiscal, política monetaria consistente, disponibilidad de divisas, abastecimiento regular de combustibles, condiciones financieras adecuadas y seguimiento a la formación de precios y expectativas. Estos elementos serán determinantes para limitar una propagación persistente del ajuste hacia el resto de la economía.
El Estado debe orientar la transición hacia liquidez, financiamiento y producción
Para la unidad técnica de la máxima entidad empresarial de Cochabamba, la reducción de la presión fiscal asociada a la subvención representa una parte del proceso. La otra parte corresponde a preservar las condiciones que permiten al sector privado generar producción, empleo formal, inversión y abastecimiento.
El Gobierno informó que la subvención agregada a combustibles demandaba alrededor de USD 55 millones por semana. Esa cifra corresponde al esquema general de combustibles y requiere una medición específica para determinar el ahorro fiscal atribuible al diésel.
El criterio institucional plantea que la transición debe acompañarse con instrumentos temporales y verificables que distribuyan el esfuerzo del ajuste y atiendan la presión inmediata sobre el capital de trabajo. El reporte identifica los siguientes mecanismos:
• Capital de trabajo: líneas temporales de financiamiento para actividades intensivas en diésel, con tasas y plazos compatibles con el ciclo financiero de las empresas.
• Periodos de gracia: reprogramaciones acotadas de capital para empresas viables que enfrentan un aumento inmediato de sus costos operativos.
• Garantías parciales: mecanismos que faciliten acceso al crédito para MiPyME y productores con restricciones de garantías o colateral.
• Medidas tributarias: diferimientos temporales, planes de pago y devolución más rápida de créditos fiscales para liberar recursos destinados a operación y producción.
• Contratos y compras públicas: mecanismos de reajuste en contratos con exposición demostrable al diésel y mayor oportunidad en los pagos a proveedores del sector público.
• Transición laboral y productiva: instrumentos temporales vinculados a formalización, generación de empleo e inversión empresarial, con financiamiento y duración claramente definidos.
A estas medidas se suman mecanismos focalizados de protección para hogares vulnerables y mayor información pública sobre costos, inventarios, abastecimiento y metodología de precios, elementos que contribuyen a reducir incertidumbre durante el proceso de transición.
El crédito deberá medirse por desembolsos efectivos
El Decreto Supremo N° 5714 redujo los niveles mínimos obligatorios de determinadas carteras y amplió el margen de asignación de recursos del sistema financiero. Y según el reporte, el resultado de esta medida deberá observarse a través del crédito que efectivamente llegue a las empresas, considerando montos desembolsados, tasas, plazos, garantías, periodos de gracia y tiempos de aprobación.
La liquidez constituye uno de los factores centrales del nuevo escenario porque el aumento del combustible modifica inmediatamente las necesidades de recursos para operar. Una empresa puede mantener actividad y demanda y, al mismo tiempo, requerir mayor financiamiento para producir exactamente el mismo volumen.
La transición requiere equilibrio entre la corrección fiscal y la estabilidad empresarial
La UAE-FEPC considera que el ordenamiento de las cuentas públicas debe avanzar junto con medidas que preserven la estabilidad de la economía productiva. El traslado del costo hacia el sector privado requiere instrumentos de transición que permitan distribuir el ajuste en el tiempo y sostener la capacidad empresarial de producir, invertir y generar empleo.
El sector público deberá continuar reduciendo sus brechas fiscales y fortaleciendo la eficiencia del gasto, mientras los mecanismos de financiamiento, liquidez y política económica acompañan la adaptación de empresas y hogares al nuevo régimen.
Los empresarios plantean que el balance de los próximos meses deberá medirse a partir de cinco dimensiones: resultado fiscal, disponibilidad de divisas, comportamiento de precios, actividad productiva y abastecimiento de combustible. El objetivo consiste en convertir la corrección fiscal en una transición económicamente previsible y compatible con la continuidad de la producción y el empleo.
Para la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, el nuevo precio del diésel constituye el inicio del ajuste; el resultado económico dependerá de la capacidad de reducir la presión fiscal, sostener la liquidez empresarial, garantizar abastecimiento y preservar estabilidad de precios, producción y empleo.
