ANTE LA CAÍDA DEL PIB Y LA PRESIÓN INFLACIONARIA, FEPC PROPONE EJECUTAR LA VISIÓN COCHABAMBA 2030 PARA RECONSTRUIR LA ECONOMÍA
La agenda presentada en febrero adquiere carácter urgente frente a la contracción del PIB regional, las presiones inflacionarias, las interrupciones logísticas y la crisis energética. El sector empresarial plantea que el Gobierno nacional, la Gobernación y los gobiernos municipales activen los proyectos mediante cronogramas, responsables y mecanismos de financiamiento.
Cochabamba, 27 de julio de 2026 (FEPC) La coyuntura económica convirtió a la Visión Cochabamba 2030 en una agenda de ejecución inmediata. Frente a una contracción proyectada de -4,15% del Producto Interno Bruto departamental, una pérdida estimada de US$ 366,32 millones en producción regional y un escenario de riesgo inflacionario que podría alcanzar 25,42% al cierre de la gestión, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) propone activar los proyectos presentados en el Congreso Empresarial Cochabamba 2026 para reconstruir la economía, atraer inversión, generar divisas, ampliar la producción y proteger el empleo.
La Visión Cochabamba 2030 fue presentada el 19 de febrero durante el Congreso Empresarial “Inversión, Integración y Oportunidades para Todos”, que reunió a más de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales, departamentales y municipales. En ese encuentro se construyó una agenda de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, estructurada sobre cuatro pilares productivos y un componente normativo transversal.
Cinco meses después, los indicadores económicos demandan pasar del acuerdo a la ejecución. El Reporte Empresarial de Cochabamba al primer semestre de 2026 proyecta que el PIB departamental disminuirá de US$ 8.827 millones en 2025 a US$ 8.460,68 millones en 2026. La industria manufacturera y el transporte explicarían conjuntamente el 51,8% de la contracción; junto con la agricultura y el comercio, concentrarían el 75,4% de la caída estimada.
El estudio también advierte que la cobertura del empleo formal alcanzaría apenas al 14,57% de la población económicamente activa, reflejando una estructura laboral marcada por la informalidad, la baja productividad y la limitada actividad efectiva de las empresas registradas.
Las presiones sobre los precios también adquirieron una dimensión regional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en junio el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,15% en Bolivia, mientras la Región Metropolitana Kanata registró una variación de 3,65%. La inflación nacional acumulada durante el primer semestre llegó a 4,82% y la variación a doce meses se situó en 9,23%.
La pérdida de continuidad logística profundizó este escenario. Hasta comienzos de junio, Cochabamba acumuló 810 conflictos y protestas, con 40 días efectivos de interrupción en rutas nacionales, interdepartamentales y regionales, generando una afectación estimada de Bs 2.292,4 millones.
Para la FEPC, este escenario incrementa la vigencia de la Visión Cochabamba 2030. La agenda concebida para transformar la estructura económica del departamento hacia 2030 constituye actualmente una plataforma para impulsar la recuperación desde 2026.
Cochabamba cuenta con proyectos identificados, impactos estimados, requerimientos institucionales y competencias públicas definidas. La siguiente etapa exige decisión política, coordinación intergubernamental, financiamiento y capacidad de gestión.
Integración logística: abrir rutas para producir y exportar
El primer pilar propone consolidar a Cochabamba como nodo nacional de integración logística y conexión bioceánica.
La cartera comprende la carretera Cochabamba–Beni; el corredor Caracollo–Colomi, en el tramo Confital–Bombeo–Colomi; el corredor Aguirre–Tiraque–Kaluyo–Santiváñez–Vila Vila; la carretera de integración Cochabamba–Potosí, denominada Tinkuy; el corredor Tarata–Anzaldo–Toro Toro–Karasi; el corredor Quillacollo–Covendo o Carretera del Bicentenario; el corredor Cala Cala–Sacaca, entre Cochabamba, Oruro y Potosí; el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración; la Hidrovía Ichilo–Mamoré; la consolidación logística y comercial del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann; y el Centro Logístico de Comercio Exterior “Cochabamba al Mundo”.
Estos proyectos conforman una red integrada de carreteras, ferrocarril, transporte fluvial, infraestructura aeroportuaria y servicios logísticos. Su ejecución permitiría diversificar las rutas de abastecimiento, reducir la vulnerabilidad ante interrupciones, conectar la producción regional con los puertos del Pacífico y el Atlántico y disminuir los costos de exportación e importación.
Las estimaciones preliminares del portafolio proyectan una reducción promedio de entre 25% y 38% en los costos logísticos regionales, un incremento acumulado de entre 3,5% y 5,2% del PIB departamental en un periodo de cinco a siete años y la creación de entre 45.000 y 60.000 empleos directos durante la construcción, además de entre 85.000 y 110.000 empleos indirectos e inducidos.
La integración logística constituye una política económica. Carreteras transitables, rutas alternativas, infraestructura intermodal y centros de distribución estables reducen los costos incorporados en alimentos, insumos, combustibles y bienes terminados. Esta reducción contribuiría a ampliar la oferta, recuperar mercados y contener las presiones inflacionarias.
Santiváñez como núcleo industrial exportador
El segundo pilar concentra su capacidad de transformación en la consolidación integral del Parque Industrial Santiváñez y en la reglamentación efectiva de su Zona Económica Especial.
Santiváñez requiere un régimen competitivo que incorpore estabilidad tributaria, extraterritorialidad aduanera, ventanilla única digital, procedimientos simplificados para exportadores, disponibilidad continua de energía y agua, servicios compartidos, certificación internacional y conexión directa con corredores carreteros, ferroviarios, aeroportuarios y logísticos.
La consolidación integral del parque permitiría convertir una infraestructura industrial subutilizada en un núcleo manufacturero y exportador capaz de atraer inversión nacional y extranjera, desarrollar proveedores locales, sustituir importaciones, ampliar la producción con valor agregado y generar empleo formal.
La matriz de proyectos estima entre 8.000 y 12.000 empleos directos, entre 20.000 y 28.000 indirectos y un impacto acumulado de entre 1,5% y 2,2% sobre el PIB regional.
Esta prioridad adquiere mayor relevancia frente al déficit comercial departamental. En 2025, Cochabamba registró exportaciones por US$ 424,97 millones e importaciones por US$ 543,07 millones, con un saldo deficitario de US$ 118,11 millones.
El Parque Industrial Santiváñez puede convertirse en una plataforma para abastecer al mercado interno y ampliar las exportaciones mediante la articulación de agroindustria, manufactura, tecnología, certificación, logística y servicios empresariales.
Su activación requiere decisiones coordinadas del Gobierno nacional, la Gobernación, los municipios involucrados y el sector privado. La reglamentación de la Zona Económica Especial, la provisión de servicios competitivos y la integración logística representan las primeras condiciones para movilizar inversión.
Turismo y servicios especializados para generar divisas
El tercer pilar plantea posicionar a Cochabamba como capital boliviana de comercio y servicios especializados. En una economía afectada por la restricción de moneda extranjera, el turismo receptivo representa una exportación de servicios capaz de generar divisas con impacto directo sobre hoteles, restaurantes, transporte, comercio, cultura, salud, educación y producción local.
La propuesta contempla desarrollar un sistema integrado de turismo especializado que articule turismo de reuniones y convenciones, turismo médico, académico, gastronómico, cultural y de negocios. Esta estrategia debe incorporar promoción internacional, conectividad aérea, rutas certificadas, plataformas digitales de comercialización, integración entre aeropuerto, hotelería y gastronomía, y una agenda permanente de eventos.
La consolidación de FEXCO como plataforma internacional de negocios, la creación de infraestructura para convenciones, la internacionalización de los servicios de salud y educación superior y el fortalecimiento de la gastronomía regional permitirían atraer visitantes, pacientes, estudiantes, inversionistas y compradores internacionales.
Cada visitante extranjero representa divisas que ingresan directamente a la economía y se distribuyen entre múltiples actividades. Un diagnóstico publicado en 2026 por el Growth Lab de la Universidad de Harvard identifica una brecha superior a US$ 370 millones entre los ingresos turísticos actuales de Bolivia y su potencial, asociada principalmente a la limitada conectividad aérea y a las dificultades de coordinación territorial.
Cochabamba posee una ubicación central, clima favorable, infraestructura ferial, universidades, servicios médicos, gastronomía reconocida y capacidad empresarial. La articulación de estas condiciones puede convertir al turismo y a los servicios especializados en una fuente permanente de divisas, empleo calificado y demanda interna.
Transición energética para sostener la producción
El cuarto pilar propone consolidar a Cochabamba como Zona Energética Estratégica y protagonista de la transición energética boliviana.
La crisis macroeconómica nacional mantiene una relación directa con el deterioro del sector energético. La reducción de la producción y exportación de gas disminuyó la generación de divisas, mientras la importación de combustibles incrementó las presiones fiscales y externas. Estudios especializados identifican la reconstrucción energética como una condición para recuperar la estabilidad económica del país.
La cartera de la Visión Cochabamba 2030 incorpora la conclusión y puesta en operación del Complejo Hidroeléctrico Ivirizu, con 290 megavatios; Banda Azul–Cuenca Paracti, con 147 megavatios; el Complejo Juntas Corani, integrado por Icona, Santa Bárbara y Villa Jorka, con 684 megavatios; el complejo hidroeléctrico de la Cuenca del Río Grande, compuesto por Jatun Pampa, Seripona y Cañahuecal, con 1.050 megavatios; el Parque Solar Santiváñez, con 66 megavatios ampliables; y la ampliación del Parque Eólico Qollpana, con 53 megavatios.
En conjunto, estos proyectos representan un potencial aproximado de 2.290 megavatios y más de 9.200 gigavatios hora de generación anual. Ivirizu, actualmente en etapa avanzada, aportará energía renovable al Sistema Interconectado Nacional y reducirá el consumo de gas destinado a la generación eléctrica.
La agenda se complementa con el Centro Nacional de Investigación Energética; un mercado de contratos y consumidores no regulados; generación distribuida y sistemas de almacenamiento; nuevas demandas vinculadas con centros de datos, electromovilidad e industrialización minera; y una estrategia de reducción del riesgo de abastecimiento de gas hacia 2029.
La transición energética permitiría diversificar la matriz, liberar gas para usos industriales y generación de divisas, reducir la exposición a combustibles importados, atraer inversión tecnológica y garantizar energía competitiva para la industria, el transporte y los servicios.
La primera reforma: carreteras abiertas y continuidad logística
Los cuatro pilares requieren un quinto componente transversal: un marco normativo que otorgue previsibilidad, proteja la inversión y garantice la continuidad de la actividad económica.
La primera medida planteada por la FEPC es una Ley de Garantía de la Libre Circulación y Continuidad Logística, orientada a proteger carreteras, corredores productivos, aeropuertos, puertos, centros de abastecimiento y rutas de exportación.
Esta normativa debe establecer mecanismos preventivos, protocolos de respuesta temprana, procedimientos inmediatos para restablecer el tránsito y responsabilidades por los daños económicos ocasionados, compatibilizando el ejercicio de los derechos ciudadanos con la circulación, el abastecimiento y el trabajo.
La agenda normativa también debe avanzar en la modernización del sistema tributario para ampliar la base formal y facilitar la inversión; la actualización concertada de la normativa laboral para promover empleo formal, productividad y capacitación; un régimen de seguridad jurídica e inversiones con reglas estables y mecanismos eficaces de resolución de controversias; una nueva legislación minera que incentive exploración, industrialización y regularización contractual; una nueva Ley de Hidrocarburos que recupere inversión y reservas; una normativa moderna de electricidad y energías renovables; un régimen de alianzas público-privadas; y una nueva Ley de Zonas Francas articulada con Santiváñez y los corredores logísticos.
Estas reformas deben incorporar simplificación administrativa, digitalización, plazos vinculantes, ventanillas únicas y coordinación entre los diferentes niveles del Estado. La inversión requiere reglas previsibles, instituciones eficientes y continuidad productiva.
Del acuerdo a la ejecución
La FEPC propone conformar una instancia ejecutiva de la Visión Cochabamba 2030 con participación del Gobierno nacional, la Gobernación, los gobiernos municipales, el sector empresarial, las universidades y los organismos de financiamiento.
Esta instancia deberá establecer responsables institucionales, cronogramas públicos, presupuestos, estudios de preinversión y modelos de financiamiento para cada proyecto.
En una primera etapa, la cartera debe organizarse en tres categorías: proyectos de impacto inmediato, proyectos estructurales y proyectos habilitadores. La continuidad logística, la reglamentación de la Zona Económica Especial de Santiváñez, la puesta en operación de Ivirizu, la promoción internacional del turismo y la agenda normativa deben ingresar en el primer bloque de ejecución.
La Visión Cochabamba 2030 adquiere hoy su mayor sentido económico. Su aplicación permitiría movilizar inversión, generar empleo, ampliar la oferta de bienes y servicios, reducir costos estructurales, atraer divisas y acelerar la transición energética.
Cochabamba cuenta con una agenda construida desde sus capacidades productivas y su posición territorial. El momento exige convertirla en proyectos, leyes, financiamiento y obras. La reconstrucción económica puede comenzar desde Cochabamba y proyectarse como una plataforma de integración y desarrollo para Bolivia.
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