FEPC PLANTEA CONSOLIDAR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEPARTAMENTAL TRAS 32 DÍAS DE BLOQUEO Y 1.597,7 MILLONES DE AFECTACIÓN ECONÓMICA
Cochabamba, 28 de mayo de 2026 (FEPC) Ante una afectación económica acumulada de Bs 1.597,7 millones, 543 conflictos y protestas sociales, 32 días efectivos de bloqueo, una pérdida diaria estimada de Bs 85,4 millones y 41 puntos regionales de interrupción vial, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) planteó consolidar el Consejo Económico y Social Departamental, propuesto por el Gobierno Central, con participación del gobierno departamental, sector privado, transporte, productores y organizaciones sociales, orientado a solucionar los conflictos sociales y estabilizar expectativas.
De acuerdo con el Reporte Técnico de Afectación Económica por Bloqueos en Cochabamba, elaborado por la Unidad de Análisis Económico (UAE) y el Observatorio Económico Empresarial (OEE) de la FEPC, la conflictividad vial pasó de una perturbación operativa a un choque económico de alcance sistémico, con impacto directo sobre producción, transporte, comercio, servicios, liquidez empresarial, abastecimiento, precios, empleo y recaudación.
La magnitud del impacto responde al rol logístico de Cochabamba como eje de articulación entre oriente, occidente y sur del país. Cada interrupción en rutas estratégicas activa un canal de transmisión económica hacia cadenas de suministro, mercados mayoristas, distribución urbana, transporte de pasajeros, comercio interdepartamental, costos de reposición e ingresos familiares.
El monitoreo técnico de las últimas 24 y 48 horas confirma un agravamiento operativo. Al 28 de mayo, el reporte identifica 41 puntos de bloqueo en carreteras, rutas departamentales y vías secundarias, frente a 25 puntos reportados un día antes y 18 puntos dos días antes. A escala nacional, se registran 172 puntos de bloqueo, con afectación en seis departamentos, lo que incrementa la presión sobre la conectividad interregional y el abastecimiento de bienes esenciales.
Desde la perspectiva macroeconómica, los bloqueos agregan un choque de oferta, costos y expectativas sobre una economía que ya enfrenta inflación interanual elevada, restricciones fiscales, deterioro del poder adquisitivo y proyecciones de contracción del producto. Bajo estas condiciones, la interrupción de corredores reduce oferta efectiva, eleva costos logísticos, acorta liquidez empresarial y modifica decisiones de inversión, producción, compra y distribución.
El bloqueo restringe la llegada física de alimentos, combustibles, medicamentos, insumos industriales, repuestos, envases, bienes de consumo y productos terminados. Esta restricción reduce la disponibilidad de productos en mercados de destino, genera acumulación en zonas productoras y afecta con mayor intensidad a perecederos, alimentos frescos, agroindustria, comercio mayorista y canales minoristas de alta rotación.
También incrementa los costos de distribución por desvíos, esperas, viajes incompletos, retornos vacíos, consumo adicional de combustible, pérdida de cadena de frío y deterioro de carga. En mercados con presión inflacionaria, estos factores aceleran ajustes de precios y reducen márgenes operativos de productores, transportistas, comerciantes y empresas de servicios.
El impacto sectorial alcanza a transporte y logística, agroindustria, alimentos, industria manufacturera, comercio mayorista y minorista, servicios, turismo y sector público. En transporte, la paralización de unidades, rutas alternas, esperas y carga detenida derivan en menor facturación diaria, mayor costo de flete, pérdida de eficiencia y deterioro de flota.
En agroindustria y alimentos, el ingreso irregular de insumos y la salida limitada de productos perecederos generan merma, pérdida de valor comercial, escasez relativa en destino y presión sobre precios. En industria y manufactura, los retrasos en materias primas, repuestos, empaques, combustibles y distribución ocasionan paradas parciales, baja productividad, incumplimiento de pedidos y mayores costos unitarios.
En comercio mayorista y minorista, la menor rotación de inventarios y el encarecimiento de reposición reducen ventas, comprimen márgenes y trasladan presión gradual al consumidor final. En servicios y turismo, la restricción de movilidad genera pérdida de ingresos en hoteles, restaurantes, agencias, transporte, eventos y servicios urbanos.
Para la economía privada, el principal efecto es la reducción de continuidad operativa. Las empresas pierden capacidad de producir, distribuir, vender y cobrar en plazos regulares. El impacto se traduce en menor flujo de caja, mayores costos financieros, riesgos de incumplimiento contractual, reducción de inventarios funcionales, pérdida de clientes y deterioro de reputación comercial. Las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan mayor vulnerabilidad porque operan con menor capital de trabajo y menor capacidad para absorber interrupciones prolongadas.
Para la economía pública, el bloqueo erosiona la base de recaudación por menor actividad económica formal, menor facturación, caída de operaciones comerciales y contracción de servicios. A la vez, genera presión sobre el gasto público por seguridad, atención humanitaria, gestión de abastecimiento, salud, educación, mantenimiento vial y mitigación social. Esta combinación reduce espacio fiscal en un contexto macroeconómico condicionado por consolidación fiscal, inflación y menor crecimiento.
El impacto institucional también resulta significativo. La recurrencia de bloqueos reduce la previsibilidad del entorno de negocios, encarece inversiones y afecta seguridad jurídica, debido a que contratos, activos, inventarios y rutas comerciales quedan expuestos a interrupciones recurrentes. En términos de competitividad territorial, la pérdida principal es la confianza logística: empresas e inversionistas requieren rutas funcionales, cumplimiento de plazos y reglas de operación estables.
El reporte plantea tres escenarios de riesgo al cierre de mayo. Una contención en 24 a 48 horas permitiría normalización gradual del abastecimiento, menor presión de precios y recuperación parcial de flujos de caja. Una persistencia de tres a siete días elevaría pérdidas acumuladas, quiebre de inventarios, presión inflacionaria sectorial y mayor costo logístico. Un escalamiento nacional generaría riesgo de desabastecimiento, caída más severa de actividad, deterioro de confianza y mayores costos fiscales y sociales.
Frente a este escenario, la recomendación técnica prioritaria de la FEPC es consolidar el Consejo Económico y Social Departamental, propuesto por el Gobierno Central, como un espacio de articulación entre el gobierno departamental, sector privado, transporte, productores y organizaciones sociales. Este mecanismo apunta a encauzar soluciones a los conflictos sociales, estabilizar expectativas y proteger la continuidad operativa del aparato económico regional. Además de encauzar proyectos de ley de seguridad jurídica, mejoras tributarias aspectos laborales y fomento a las inversiones y comercio exterior.
Cochabamba enfrenta una afectación económica de carácter sistémico. Los datos muestran que la conflictividad vial opera como un factor estructural de deterioro productivo, con incidencia directa en producción, transporte, comercio, servicios, empleo y abastecimiento. Desde el punto de vista empresarial y productivo, la prioridad inmediata consiste en restablecer transitabilidad, proteger cadenas críticas y preservar la continuidad operativa de la economía regional.
